Protejamos las libertades civiles durante esta crisis de salud pública

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Alrededor del mundo las administraciones y las autoridades sanitarias están implementando aplicaciones de descarga para telefonía móvil que sirven para el seguimiento personalizado de la afección del COVID-19 y para el monitoraje epidemiológico. La Eletronic Frontier Foundation, una entidad señera que se dedica a la protección de la libertad y los derechos civiles en la red, publica este manifiesto como llamamiento a la defensa de estos derechos en un momento tan excepcional y delicado como el que vivimos. Os ofrecemos su traducción en castellano y en catalán.


Protejamos las libertades civiles durante esta crisis de salud pública
Matthew Guariglia y Adam Schwartz
10.3.2020

En todo el mundo, las autoridades de salud pública trabajan para contener la propagación del COVID-19. Con este objetivo, urgente y necesario, muchas agencias gubernamentales están recopilando y analizando información personal de un gran número de personas identificables, como datos sobre su salud, sus desplazamientos y sus relaciones personales. Al mismo tiempo que luchamos como podemos para minimizar la propagación de la enfermedad, debemos vigilar de cerca el impacto que tienen en nuestras libertades digitales las herramientas que almacenan big data.

Los esfuerzos extraordinarios que hacen las agencias de salud pública para contener la propagación del COVID-19 están justificados. Tanto en el mundo digital como en el físico, las políticas públicas deben reflejar un equilibrio entre el bien común y las libertades civiles a fin de proteger nuestra salud y seguridad frente a los brotes de enfermedades contagiosas. Pero es fundamental que las medidas extraordinarias implementadas para gestionar una crisis concreta no se perpetúen y se conviertan en una nueva intrusión del gobierno en nuestras vidas cotidianas. Hay precedentes históricos de programas de este tipo —con la intromisión en las libertades digitales que suponen— que se han mantenido una vez superado el período de emergencia.

Por este motivo, toda recopilación de datos y monitorización digital de posibles portadores del COVID-19 debe tener en cuenta y comprometerse con estos principios:
  • Las intrusiones en la privacidad deben ser necesarias y proporcionadas. Todo programa que recoja masivamente información identificable sobre personas debe estar científicamente justificado y contar con la aprobación de expertos en salud pública a efectos de contención. Así mismo, el procesamiento de datos debe ser proporcional a la necesidad. No sería proporcional a la necesidad de contener el COVID-19, por ejemplo, mantener durante diez años el historial de desplazamientos que ha hecho la gente, cuando se trata de una enfermedad con un período de incubación de dos semanas.
  • La recopilación de datos debe basarse en la ciencia, no en prejuicios. Dado el alcance mundial de las enfermedades contagiosas, conocemos precedentes históricos de gobiernos que han aplicado medidas de contención deshonestas basadas en prejuicios de nacionalidad, etnia, raza y religión, en lugar de en hechos que permitan calcular la probabilidad real de que una persona en particular contraiga el virus, como su historial de desplazamientos o su contacto con personas potencialmente infectadas. Tenemos que asegurarnos de que los sistemas de datos automatizados que se están utilizando para contener el COVID-19 no identifiquen erróneamente a miembros de grupos demográficos específicos como particularmente propensos a contraer la infección.
  • Caducidad. Como en otras grandes emergencias del pasado, existe el peligro de que la infraestructura de seguimiento de datos que se construye para contener el COVID-19 dure más tiempo que la crisis que pretendía abordar. El gobierno y las corporaciones que participan en estos programas invasivos creados en nombre de la salud pública deben deshacer el camino una vez la crisis esté bajo control.
  • Transparencia. El gobierno debe explicar públicamente con celeridad y claridad todo uso de big data que se haga con el fin de rastrear la propagación del virus. Debe proporcionar información detallada sobre los datos que se recopilan, el período de almacenamiento de estos datos, las herramientas que se utilizan para procesarlos, cómo influye la forma de procesarlos en las decisiones que se toman en materia de salud pública y si estas herramientas han dado buen resultado o arrojan consecuencias negativas.
  • Garantías legales. Si el gobierno trata de limitar los derechos de una persona basándose en esta rastreo de big data (por ejemplo, para confinarla basándose en las conclusiones del sistema sobre sus contactos o desplazamientos), esta persona debe tener la oportunidad de impugnar estas conclusiones y limitaciones a tiempo y con garantías suficientes.

A la luz de estos principios, nos preocupan las noticias que llegan sobre el uso que el gobierno chino está haciendo del big data para contener el COVID-19. Parece ser que está exigiendo a la ciudadanía que se descargue una aplicación al móvil y que cuando quiera entrar en espacios públicos, como estaciones de tren o centros comerciales, use sus teléfonos para escanear los códigos QR que hay en los puntos de control situados en la entrada. La aplicación asigna a cada ciudadano un código de color (verde, amarillo o rojo, por ejemplo) para indicar su estado de salud y dicta quién debería estar en cuarentena y quién puede entrar en los espacios públicos. También envía información a la policía local. El gobierno chino dice que solo lo utiliza para identificar a las personas que puedan estar infectadas. Hay testimonios que afirman haber sido puestos en cuarentena porque el sistema de rastreo identificó que habían estado en contacto con alguien infectado.

Por lo que se refiere a Estados Unidos, también tenemos dudas sobre una nueva normativa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta agencia gubernamental exige a las compañías aéreas que recopilen el nombre y la información de contacto del pasaje y la tripulación que llegue al país en vuelos internacionales y exige que se la envíen en un plazo de 24 horas. El CDC pretende utilizar esta información para hacer el «rastreo de contactos», es decir, para identificar rápidamente a las personas que hayan estado en contacto con una persona infectada para que puedan ser puntualmente informadas, sometidas a la prueba del COVID-19 y posiblemente puestas en cuarentena.

Puede que este procesamiento de datos sea necesario y proporcionado a las necesidades de salud pública, pero no debemos perder de vista que se trata de información personal muy sensible que permite trazar una imagen nítida de los desplazamientos, el estado de salud y las relaciones personales de estos pasajeros aéreos. Desde la Electronic Frontier Foundation pedimos al CDC que explique como garantizará que estos datos sensibles se usan exclusivamente para la contención de enfermedades contagiosas. Por ejemplo, ¿qué medidas adoptará para garantizar que los datos serán destruidos cuando dejen de ser útiles para el rastreo de contactos? ¿Qué medidas tomará para impedir que los datos sean utilizados por la policía para luchar contra la delincuencia común o por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para aplicar las leyes de inmigración?

Desde la Electronic Frontier Foundation siempre nos hemos posicionado contra la vigilancia digital del gobierno y las corporaciones de nuestros movimientos, estado de salud y relaciones personales, y contra los sistemas de big data que hacen de nuestras vidas un libro abierto. Esta forma de tratamiento de datos a menudo invade nuestra privacidad, obstaculiza la libertad de expresión y asociación y se ceba especialmente con las minorías raciales. Determinados usos de estos datos están ahora justificados debido al esfuerzo de las autoridades sanitarias para contener el COVID-19. Pero conviene recordar que estos usos deben ser considerados médicamente necesarios por los expertos en salud pública; que cualquier nuevo procesamiento de datos personales debe ser proporcional a su necesidad real; que nadie puede ser sometido a escrutinio debido a su nacionalidad u otros factores demográficos; y que toda nueva potestad gubernamental debe expirar una vez se contenga la enfermedad.


—– Clica aquí para el texto original de la Electronic Frontier Foundation. Ahí encontraréis todos los enlaces con las referencias en las que se basa el comunicado.

Traducción de L’Entrellat